Castillo evalúa si asiste al Congreso a defenderse de «traición a la patria»

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aún evalúa si el próximo miércoles asiste al Congreso para ejercer su defensa, tras la aprobación de un informe que pide su inhabilitación por cinco años y que se le acuse por el delito de traición a la patria, informó este sábado uno de sus abogados, José Palomino.

El abogado señaló en la emisora RPP que durante la noche del viernes recibieron la notificación del Congreso y que ya respondieron que harán «uso de la palabra» en la reunión de la Comisión Permanente a la que fue invitado el gobernante.

«Si el presidente irá, es algo que todavía no se ha definido, pero en el documento dice taxativamente que está concediendo el uso de la palabra. Y esa formalidad, el derecho del uso de la palabra, naturalmente tenemos que llevarla a términos de desarrollo», acotó.

Palomino confirmó que él intervendrá «como abogado defensor», pero antes tendrá «una reunión de trabajo a efectos de que el presidente decida si acude o no al Congreso».

VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

El abogado aseguró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vulneró este viernes «el debido proceso» al aprobar el informe y dijo que anteriormente han enviado oficios al presidente del Congreso, José Williams, para que se «deje sin efecto» todo lo actuado.

Cuestionó, además, que se haya actuado «de manera acelerada, vulnerando derechos fundamentales» del presidente y sostuvo que la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, debió abstenerse de votar porque, según acotó, había adelantado una opinión.

Palomino afirmó que Castillo no ha cometido el delito de traición a la patria y que en la aprobación del informe no se tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional ni internacional.

«Ya la Corte Suprema ha sostenido que no se puede aplicar el delito de traición a la patria cuando no hay de por medio una condena. Y hay que seguir también los lineamientos del orden internacional, o sea del control de convencionalidad, lo que ya ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos», concluyó.