Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en particular proyecto de reforma tributaria y lo despacha a Sala

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la noche del lunes, y en particular, el proyecto de reforma tributaria del Gobierno. Con ello, la instancia despachó la iniciativa a Sala.

En la jornada, la comisión votó los últimos tres puntos que quedaban en la lista: los ajustes a los beneficios del DFL 2, las normas de beneficiarios finales de las empresas y el impuesto patrimonial.

La comisión aprobó la última medida (también conocida como impuesto a los superricos) con siete votos a favor y cuatro en contra. Esta establece un impuesto al patrimonio que grava a aquellas personas naturales con domicilio o residencia en Chile cuando su patrimonio es superior a 6 mil UTA en dos tramos.

Si el patrimonio oscila entre 6 mil y 18 mil UTA el gravamen será de 1%; y con una tasa de 1,8% para quienes exceden los 18 mil UTA. Se trata de un impuesto que se determinará anualmente el 31 de diciembre, debiendo ser declarado y pagado en junio del año siguiente.

El diputado Gonzalo Ramírez (UDI) criticó el impuesto a los superricos. «Nunca vamos a lograr hacer comprender a los comunistas que emparejar para abajo sólo trae miseria, ellos emparejan la cancha muy bien donde gobiernan: todos son pobres; pero acá no estamos discutiendo si vamos a dejar a todos los ricos exentos o si van a pagar impuestos», dijo.

«Las personas que tienen patrimonio son personas que pueden agarrar ese patrimonio y llevárselo a otro lugar», enfatizó el legislador UDI.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió que «para mover capitales es importante tener en cuenta cuál es el régimen tributario que se aplica en otros países, no es que el resto del mundo sea un paraíso tributario y nosotros seamos un infierno tributario. En los países OCDE la recaudación de impuestos al patrimonio en términos generales es cuatro veces superior a la que tenemos actualmente en Chile».

En la sesión, la comisión también aprobó la mayoría de los artículos correspondientes a la creación de un registro nacional de Personas Beneficiarias Finales, que tiene el objetivo de generar una mayor transparencia en la actividad empresarial con énfasis en aquellos que reciben fondos públicos. Este registro permite mejorar las labores de fiscalización en ámbitos como los impuestos o lavado de activos o delitos financieros.

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