La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de México, visó la solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) siga con la indagatoria sobre lavado de dinero que pesa sobre el ex alcalde y ex diputado Mauricio Toledo, a fin de completar su proceso de extradición desde Chile.
Toledo, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, es hijo de chilenos exiliados y en su perfil de Twitter se definía hasta hace poco como “allendista y nerudiano”. Ahora, se autodenomina «perseguido político». De acuerdo con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, el legislador había salido de México, con destino a Chile, desde el 26 de julio de 2021, al tiempo que fue desaforado.
Hasta el momento, Toledo no ha regresado a México.
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«Se ha planteado por el gobierno de Chile que es un delito no grave por el que se le está acusando, que es el enriquecimiento, pues en la legislación chilena se plantea como un delito que amerita un año de pena, pero yo creo que estas son reminiscencias de régimen pinochetista», explicó, durante una rueda de prensa el pasado martes 17 de enero, el legislador morenista Pablo Amílcar Sandoval, junto con manifestar que hay tratados internacionales que ha firmado el propio estado chileno, en donde sí se puede hacer por corrupción una extradición de este tipo.
Cabe mencionar que Toledo es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien detectó en 2016 que el exlegislador tenía varias propiedades que no iban acorde a su sueldo y que, además, no había logrado demostrar su procedencia.
Así, la fiscalía mexicana informó que el exdiputado federal Mauricio Toledo, acusado de corrupción, podría ser extraditado desde Chile en los próximos días. En un mensaje a medios, el pasado jueves 16 diciembre de 2021, el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, precisó que la fiscalía del país azteca presentó pruebas que vinculan con los delitos de enriquecimiento ilícito al exlegislador del oficialista Partido del Trabajo (PT).
«Esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos. No se le persigue por sus ideas o militancia partidista», sostuvo Lara. Y reiteró que una vez que tengan todas las pruebas, el ministro chileno tiene cinco días para emitir la sentencia correspondiente, incluida la extradición a México.
El diputado Alejandro Robles, también morenista, precisó, según consignó el diario Milenio, que «está pendiente la investigación federal por delincuencia organizada y eso lleva año y medio. Por lo tanto, estamos pidiendo que se retomen y se continúen, que sea exhaustiva y que sea expedita».