Fue el pasado viernes 8 de abril cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la medida cautelar solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba evitar que los imputados exgenerales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, pudiesen enajenar sus bienes mientras dure la investigación por malversación de caudales públicos, en la arista de gastos reservados del fraude que se indaga en la institución. Las medidas precautorias tienen el objetivo de que estos bienes permanezcan como «prendas» hasta que el proceso judicial concluya, según consigna La Tercera.
En ese contexto, la justicia incautó inmuebles y autos de lujo de los mencionados exgenerales, además de otras exautoridades de la institución, y también de la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros, durante ambos Gobiernos de Michelle Bachelet, Javiera Blanco. Entre los bienes embargados se encuentran vehículos Mercedes Benz, autos de colección de 1931, departamentos y casas en lugares céntricos de Santiago, además de dos inmuebles en balnearios del litoral central, propiedad de los generales en retiro, Eduardo Gordon e Iván Wipple.
Sobre Eduardo Gordon, quien fue general director de Carabineros entre 2008 y 2011, el Ministerio Público ha sostenido que se habría apropiado de más de $79 millones. A causa de lo anterior, se le incautó una ostentosa propiedad en la playa Las Rocas de Santo Domingo, ubicada en la Región de Valparaíso, de la cual no se conoce su avalúo fiscal. Sin embargo, la justicia no pudo embargar dos vehículos que estaban inscritos a su nombre, debido a que el general (R) alcanzó oportunamente a transferirlos. Se trata de una moto Harley Davidson modelo XLH 883 del 2004 y una camioneta Toyota RAV 4 del 2018.
Por su parte, Gustavo González Jure, ex general director de Carabineros entre 2011 y 2015, fue formalizado el año pasado por presunta malversación de gastos reservados, acusándolo de apropiarse de más de $123 millones, por lo cual el ente persecutor logró en esa ocasión la prisión preventiva en su contra. Actualmente cumple arresto domiciliario en una propiedad emplazada en Providencia, que tiene un avalúo fiscal de $256 millones, y que ahora fue embargada por la justicia. Además se retuvo un vehículo Ford Edge del año 2017.
Su sucesor, Bruno Villalobos, quien es una de las caras más visibles del escándalo en Carabineros, estuvo a la cabeza de la institución entre 2015 y 2018, fue formalizado por sustraer más de $607 millones y haberse apropiado de otros $67 millones. Después de cumplir 90 días de prisión preventiva, quedó con arresto domiciliario total, y el pasado 20 de abril el receptor judicial del CDE requisó un terreno inscrito a su nombre, ubicado en Peñaflor, que tiene un valor superior a los $294 millones. Además, se incautaron dos departamentos, uno emplazado en Providencia (avaluado en casi $100 millones), y otro ubicado en Ñuñoa, tasado en $78 millones. Junto a sus propiedades, la justicia le embargó tres vehículos de lujo: un Mercedes Benz modelo C200 del año 2019, un Volvo 740 de 1987 y un Ford de 1931.
Además, se incautó una casa, propiedad de Héctor Hugo Zúñiga, quien se desempeñó en la Dirección de Presupuestos de la institución (Dipres), y cuyo valor asciende a más de $150 millones. También se tomaron como prenda los vehículos de los generales (R) Iván Whipple (correspondientes a un Mercedes Benz) y Flavio Echeverría, quien era propietario de un Jeep Gran Cherokee del año 2010. A Whipple también se le incautó una parcela ubicada en el condominio La Foresta de Zapallar, en Catapilco, comuna de Zapallar, y cuyo valor tampoco es de público conococimiento.
Quién también fue salpicada por el fraude en la institución, y que recientemente salió del país acusando motivos laborales, la exministra de Justicia Javiera Blanco, también fue parte de las incautaciones. Específicamente, se tomó como prenda una oficina heredada, ubicada en la torre sur del Edificio de Comercio Internacional, en la Avenida Tajamar, frente al Costanera Center, en Providencia. Se trata de un inmueble avaluado en $161 millones, pero que es un bien compartido.