La exsubsecretaria de Prevención del Delito y actual integrante de la Comisión de Experta -encargada el anteproyecto constitucional-, Katherine Martorell, declaró el viernes 17 de marzo como imputada por la investigación del caso Motorola. El monto de la licitación, destinado a costear cámaras de seguridad para el personal de Carabineros, supera los 400 millones de pesos.
El proceso indaga la participación de la abogada en la licitación concedida a la empresa Motorola Solutions, en detrimento de la empresa que entrega soluciones e implementos para policías e inteligencia, Pegasus. Esta última presentó la querella en 2020.
También te puede interesar:
Por tanto, los cargos por lo que se investiga a la militante de Renovación Nacional son presunta comisión de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa; es decir, la falta en que un empleado público no judicial dicta con conocimiento «una providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo», según el Código Penal.
Como consigna Radio BioBío, Martorell se refirió al proceso, aludiendo que «soy inocente de lo que se me acusa por parte de una empresa que perdió la licitación», así como también hizo énfasis en que no ha sido formalizada, puesto que la imputación corresponde al debido proceso de indagatoria por parte de la fiscalía.
La audiencia se habría llevado a cabo frente a la Policía de Investigaciones y Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal Francisco Ledezma.
Hace algunos meses la defensa de la jurista tuvo que ser asumida por un defensor público luego de la renuncia del abogado Luis Hermosilla, que la representaba. Según Martorell, este abandonó la causa debido a su alta carga laboral.