La Fiscalía de Perú pidió este lunes (22.08.2022) a la Justicia que prohíba a la primera dama, Lilia Paredes, salir del país durante 36 meses, mientras es investigada por supuesto lavado de activos junto con su esposo, el presidente Pedro Castillo.
«El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros», anunció la institución en Twitter. La Justicia debe decidir en los próximos días si acepta o rechaza esta solicitud.
#FiscalíaInforma:
El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros. pic.twitter.com/JsILXHLe7u— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 22, 2022
El pedido de la Fiscalía incluye a dos hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes, y a un tercer investigado en la misma causa, Hugo Espino Lucana, a quien la prensa señala como presunto testaferro de la pareja presidencial.
Por este mismo caso, un juzgado debe resolver el 23 de agosto si acoge o rechaza un pedido de 36 meses de prisión preventiva para una hermana de la primera dama, Yenifer Paredes, quien se encuentra bajo detención preliminar desde el 10 de agosto.
Los señalamientos contra la primera dama
La esposa de Castillo es supuestamente la coordinadora de una red de corrupción que actúa en el entorno presidencial, según documentos de la Fiscalía difundidos por la prensa local. La entidad cree que la primera dama, de 49 años, «se encargaba de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública […] a través de su hermana Yenifer Paredes, con conocimiento y venia de su esposo», reseñó el diario La República.
El presidente izquierdista, que enfrenta seis investigaciones, niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña mediática para sacarlo del poder.
Castillo, que lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, vive bajo un cerco fiscal por presunta corrupción y de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. No obstante, la Fiscalía no puede llevarlo ante la Justicia pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. El gobernante, de 52 años, ha enfrentado también dos intentos de destitución del Parlamento.