El pasado 10 de junio, la hija mayor de Augusto Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart, ingresó un requerimiento ante la Corte Suprema con la finalidad de evitar pagar más de $100 millones en impuestos por la herencia de su padre. Cobro que informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el 2015 y que todavía no se concreta tras acusar un mal cálculo.
El SII señaló que es la hereditaria de 7,14% de los bienes que dejó el excomandante en Jefe del Ejército, lo que se traduce en $41.016.731, cifra a la que se lo agregaron 46 millones en intereses y una multa de $12 millones.
Según la Ley 16.271 sobre «impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones», «para calcular lo que un heredero debe pagar por los bienes que serán transferidos, se aplica una escala progresiva según el capital», con plazo máximo de hasta dos años para declarar lo que recibe y pagar el impuesto correspondiente. Para el órgano fiscalizador, Lucía Pinochet no cumplió.
Ante esto, la mujer de 78 años ingresó en primera instancia un recurso ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago para que esta liquidación fuera anulada y se emitiera una nueva. Reclamo que fue desestimado por dicho tribunal en mayo de 2019.
Según información de La Tercera, para impedir que se concrete el cobro, Pinochet, mediante su abogado Christian Plass, presentó una serie de argumentos, entre ellos, que la liquidación no es fidedigna.
«En forma desmedida se incluyeron activos en la masa hereditaria sin atender también los pasivos, como sería la propia deuda fiscal del causante», detalló.
En ese sentido, la defensa acusó que en este proceso «no se consideró que la sucesión hereditaria se encontraba impedida de solicitar la posesión efectiva (embargos y acciones judiciales contra su familia», lo que «pudo preverse por el Fisco no debiendo esperar ocho años para instar la aceptación o repudiación de los herederos y que, al ser persona interesada, debió manifestarse en un plazo inmediato o breve».
Luego del revés judicial, acudió hasta la Corte de Apelaciones, donde tampoco se logró desestimar los antecedentes extendidos por el SII, por lo que el pasado 30 de mayo, el órgano rechazó el requerimiento de Pinochet.
El abogado defensor de Lucía Pinochet advirtió que en el cálculo realizado por el SII, se agregó un depósito que no pertenecía a Augusto Pinochet al momento de su muerte.
«Se incluyó en el inventario de bienes del causante un depósito en dólares americanos que a la fecha de su fallecimiento había sido liquidado por resolución judicial ejecutoriada y, que, por lo tanto, no existía, ni le pertenecía», acusa la defensa.
La Tercera informó que esto se refiere a los USD 5.508.733 dólares depositados en el Banco de Chile por el Caso Riggs. Monto que según el abogado no se realizó y que se trata de uno por más de USD 2 millones, las que fueron para «pagar deudas tributarias del difunto».
Dicho argumento fue rechazado por la Corte de Apelaciones, la que indicó que se presentaron «alegaciones contradictorias respecto de un mismo documento y se advierte que con aquel medio de prueba pretende únicamente tergiversar la realidad de los hechos, pues busca disminuir la base imponible».
«Se desconocen los movimientos o trazabilidad de estos dineros desde que se alzó la medida cautelar para el pago de los giros con fecha 25 de abril de 2005 hasta el 24 de octubre de 2006″, puntualizó el fallo.
En cuanto a los pagos de impuestos pagados a raíz de Caso Riggs, el tribunal dio cuenta que «lo ordenado pagar en pesos ascendente a $1.500.363.952, lo que se traduce en USD 2.591.302, fue solucionado y que el saldo corresponde al monto del depósito de 24 de octubre de 2006, por cuando la diferencia resultante sería de USD 2.917.431 y no el valor del documento acompañado».
A pesar de sufrir dos fallos en su contra por los distintos tribunales, Lucía Pinochet insiste en que el pago no se debe realizar, por lo que ahora espera la resolución de la Corte Suprema para saber si acepta o no su requerimiento.