José Antonio Viera-Gallo, defensa de Marcela Ríos ante AC: «No se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad»

El abogado y exsenador José Antonio Viera-Gallo (PS), defensa de la exministra Justicia Marcela Ríos ante la acusación constitucional en su contra, indicó este lunes que el libelo «no se puede acusar a ningún» secretario de Estado por «desprolijidad».

Recordemos que Chile Vamos ingresó en enero la acusación constitucional contra la ministra Ríos, aludiendo a una «ilegalidad» en siete indultos (de los 13 otorgados por el Presidente Gabriel Boric) y a la «falta de control jerárquico» de Ríos en beneficios penitenciarios por parte de Gendarmería a ciertos presos de la macrozona sur.

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«No me puedo hacer cargo de cómo se tramitó internamente, desde el punto de vista político, estos indultos, no corresponde a la acusación constitucional. Eso es un tema para debatir en otras instancias», dijo Viera-Gallo en conversación con Radio Cooperativa.

«Las llamadas desprolijidades no son ilegalidades, no se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad, sino que son causales muy precisas en la Constitución, de haber vulnerado la ley o haber dejado la ley sin ejecución», prosiguió el abogado.

La Cámara de Diputadas y Diputados votará el miércoles el libelo acusatorio contra la exministra Ríos.

«Sistema parlamentario impropio»

Viera-Gallo apuntó que si continúa esta seguidilla de acusaciones constitucionales basadas en una «interpretación laxa» «vamos a tener un sistema parlamentario impropio».

«Esta desviación o esta interpretación laxa, amplia, de la acusación constitucional comenzó con la acusación que se aprobó contra Yasna Provoste, que fue acusada de desorden administrativo e irregularidades en la seremi de Educación, siendo que su cargo no tiene que ver con lo que ocurre en cada seremía del país», señaló.

En esa línea, sostuvo que «si vamos así, lo que vamos a tener es un sistema parlamentario impropio, en que al final la permanencia de un ministro en su cargo va a depender del juicio que la mayoría parlamentaria tenga, que puede ser adversa al gobierno, sobre la calidad con que ha ejercido su función».