Durante este viernes (21 de octubre) la empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV) solicitó su quiebra tras 65 años de historia. Con este pedido se pararán más de 30 obras y 2.500 personas serán despedidas. También habrá impactos sobre los productos y servicios de más de 1.500 proveedores.
Entre las razones que aluden desde la empresa, se encuentran el alza de los precios de los materiales, así como también una deuda que asciende a los $58 mil millones -según consignó Emol- y a la «burocracia de los mandantes públicos para gestionar los pagos» aludiendo al Ministerio de Obras Públicas.
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A señalar que CCV y el Estado tenían acuerdos para impulsar obras públicas ya en desarrollo. «La decisión del Ministerio de Obras Públicas, de reajustar retroactivamente sus contratos; medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela», indicaron.
Respuesta desde el MOP
Frente a estas declaraciones, el propio jefe de la cartera, Juan Carlos García, conversó con Radio Bio Bío, desmintiendo responsabilidades del MOP en la quiebra de la empresa, precisando que a la fecha mantienen 10 contratos vigentes, y que solo quedan tres obras pendientes por terminar.
«Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. En los últimos meses, se realizaron pagos por más de 8 mil millones de pesos», sostuvo el ministro.
Asimismo, García manifestó que algunas empresas buscaron soluciones para la finalización de sus obras, mientras que hay otras que buscan responsabilizar al Estado por las crisis globales -como la pandemia o alza de los materiales- «desconociendo su propia mala gestión».